Modernizar el Estado, interesantes propuestas, pero con algunas falencias en su desarrollo

El reciente documento Modernizar el Estado: Una agenda prioritaria de corto plazo, publicado por el CEP, el Centro de Políticas Públicas UC y la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), merece un reconocimiento que no siempre se hace explícito en estos análisis: es un ejercicio serio, transversal y con vocación práctica. Lograr que academia, centros de pensamiento y empresariado organizado coincidan no solo en un diagnóstico sino en 15 propuestas concretas con vías de implementación identificadas no es poca cosa en el actual escenario de polarización.

Pero precisamente porque es un trabajo serio, merece también una lectura exigente. Y esa lectura revela algunas fisuras que, si no se corrigen en la fase de implementación, van a convertir varias de sus propuestas en papel mojado. Comparto aquí los puntos que, a mi juicio, requieren mayor análisis.

El diagnóstico digital tiene errores conceptuales

La propuesta 10 es la más ambiciosa del documento y también la más deficiente en rigor técnico. El texto afirma que ClaveÚnica «es susceptible a phishing masivo» por depender de RUT y contraseña estática. El diagnóstico es impreciso: el phishing no es una debilidad del modelo de autenticación centralizado (SSO) en sí mismo, sino de cualquier sistema basado en credenciales que el usuario ingresa en un formulario, incluyendo las billeteras digitales con credenciales verificables que el propio documento propone como solución. La susceptibilidad al phishing se elimina con mecanismos como FIDO2 o passkeys, no cambiando la arquitectura de identidad.

El documento también afirma que ClaveÚnica, al funcionar como un Single Sign-On, «no corresponde a una identidad digital». Este juicio tiene un error ya que confunde la capa de autenticación con la capa de identidad. Lo que ClaveÚnica efectivamente no tiene es un modelo de atributos verificables y portables, eso es correcto, pero SSO no es una categoría excluyente de identidad digital. Para más información sobre identidad digital ver estudio La gestión de la identidad y su impacto en la economía digital (Pareja, Barros et al. 2017) del BID.

En definitiva, el documento mezcla tres problemas distintos, mecanismo de autenticación débil, ausencia de atributos verificables y privacidad comprometida por la traza centralizada de uso, como si tuvieran la misma causa y la misma solución. No es así. Esa imprecisión conceptual debilita una propuesta cuya dirección general apunta en el lugar correcto.

Por otra parte la propuesta no aborda un problema central, el soporte tecnológico de ClaveÚnica, en términos de recursos no da cuenta de su relevancia, siendo este un servicio que es de misión crítica (cientos de millones de transacciones), seguimos sin entender su criticidad.

A esto se suma una omisión difícil de justificar: en una agenda de transformación digital para 2026, no hay una sola línea sobre inteligencia artificial en el Estado ni sobre ciberseguridad. Varios servicios públicos chilenos sufrieron incidentes de seguridad relevantes durante el último año. Una agenda digital sin ese eje tiene un flanco abierto de proporciones.

Los plazos están subestimados

Las propuestas 9 y 10 se presentan como «agenda de corto plazo». Sin embargo, el Sistema Nacional de Gestión de Datos, la identidad digital soberana y una plataforma como ChilePagos son infraestructuras que en cualquier contexto comparable han tardado entre cuatro y ocho años en madurar. El modelo X-Road de Estonia, citado implícitamente como referencia, tardó más de una década en consolidarse, y lo hizo sobre una base institucional radicalmente distinta a la chilena, dicho sea de paso a estas alturas no es el mejor modelo para Chile (por varias razones que abordaré en otro post).

El documento no ofrece una hoja de ruta con hitos intermedios ni mecanismos de gobernanza para esa transición. Sin eso, la agenda digital queda como una aspiración bien fundamentada, pero no como un plan ejecutable.

La DIPRES: el eslabón más débil del documento

Proponer (Propuesta 7) que la Dirección de Presupuestos encargue un diagnóstico externo de sí misma en seis meses como resultado de «corto plazo» no es una reforma — es, en el mejor caso, un instrumento que puede o no conducir a una reforma. En todo caso me asiste la duda de que de distinto sería esta nueva evaluación dado que han existido en el pasado.

La DIPRES lleva décadas sin realizar ese tipo de análisis exhaustivo y el documento no pregunta por qué. Si no se identifican los incentivos institucionales que han bloqueado el cambio durante tanto tiempo, una consultoría externa sin mandato político vinculante tiene alta probabilidad de terminar archivada.

SADP – Convenios de desempeño: cirugía menor en un problema mayor

El propio documento en su Propuesta 12 revela un dato elocuente: los convenios de desempeño del Sistema de Alta Dirección Pública muestran tasas de cumplimiento de entre el 97% y el 98%. Eso no es un éxito de gestión — es la evidencia de que el instrumento no está funcionando como mecanismo real de evaluación, será que está afectado por la Ley de Goodhart.

El problema es estructural: las metas se negocian entre el directivo y su propio ministerio, lo que genera captura sistémica. La propuesta 12 plantea fortalecer a la Dirección Nacional del Servicio Civil para mejorar la formulación de esos convenios. Pero si el problema de fondo es la captura en la negociación, mejorar el proceso de negociación no resuelve mucho. Se necesita un tercero con autonomía técnica suficiente para fijar metas exigentes, y ese tercero no aparece en la propuesta.

Empleo Público- el problema que se evita nombrar

La propuesta 11 identifica con precisión los problemas del régimen de empleo público,contratas anualizadas, planta inamovible, evaluaciones de desempeño que no discriminan. Pero esquiva el más urgente: la existencia de decenas de miles de trabajadores a honorarios que llevan años prestando servicios permanentes sin derechos laborales plenos.

El documento los menciona en el diagnóstico y los deja sin solución en la propuesta concreta. En un Estado que predica modernización y probidad, mantener a una parte importante de su fuerza laboral en condiciones de precariedad estructural es una contradicción que ningún documento de reforma debería ignorar.

Lo que falta: descentralización, números y rendición de cuentas

El propio documento reconoce que la descentralización es uno de los siete ejes que emerge de la revisión de la literatura especializada, pero lo excluye de las propuestas, sin una justificación adecuada. En 2026, los gobiernos regionales electos llevan cuatro años gestionando recursos crecientes con una institucionalidad todavía en construcción. Una agenda de modernización del Estado que ignora ese nivel de gobierno está modernizando solo la mitad del Estado.

Con la única excepción de la propuesta 15 — subsidios por incapacidad laboral, donde se cita un ahorro fiscal estimado de 182 mil millones de pesos ninguna de las otras 14 propuestas incluye estimaciones de costo de implementación ni de impacto fiscal esperado. Sin esos números, el documento carece de herramientas para competir en la priorización presupuestaria. Un Ministerio de Hacienda en modo de ajuste fiscal va a preguntar cuánto cuesta y cuánto rinde cada reforma. En 14 de sus 15 propuestas, el documento no tiene respuesta, lo cual atenta bastante con la Vitamina-I necesaria en cada propuesta.

Finalmente, el documento cierra señalando que «es importante dar un sustento comunicacional a esta estrategia y construir consensos transversales». Pero no dice cómo. No hay análisis de los actores que van a resistir cada reforma, no hay estrategia de incidencia, no hay mecanismo de seguimiento con rendición de cuentas pública.

Reflexión Final – El diagnóstico no ha sido el problema

Chile tiene diagnósticos excelentes sobre modernización del Estado desde al menos 2002, siendo el más completo Modernización del Estado en Chile (1990-2023). Lo que en muchos casos ha fallado no es la calidad del análisis, es la conversión de propuestas técnicas en compromisos de gestión exigibles con rendición de cuentas pública. Esta agenda corta debería ir acompañada de un mecanismo de seguimiento público trimestral, con indicadores verificables por el Consejo Asesor de Modernización y reportados al Congreso.

Sin ese dispositivo, la probabilidad de que en cuatro años se publique un documento similar con un diagnóstico parecido es, lamentablemente, bastante alta.

Información Complementaria

• Estudio: Modernizar el Estado – Una agenda prioritaria de corto plazo, 2026

La entrada Buenas intenciones, diagnósticos incompletos se publicó primero en Escritorio de Alejandro Barros.

Alguien con audiencia de mil millones de personas finalmente está instalando reflexiones en torno a la IA y haciendo las preguntas correctas.

El 15 de mayo, justo en el 135° aniversario de la encíclica Rerum Novarum, el Papa León XIV publicó su primera encíclica social: Magnifica Humanitas. El subtítulo es bastante certero: Sobre la custodia de la persona humana en el tiempo de la Inteligencia Artificial.

Es un texto que tiene más lucidez política sobre los riesgos del poder tecnológico que la mayoría de los libros blancos de gobernanza de IA que circulan por ahí, además de ser uno de los pocos documentos oficiales de la Iglesia que advierte sobre los usos de las nuevas tecnologías, en particular la IA. Aunque también tiene algunos problemas, que es bueno señalar.

Lo que el documento dice bien

León XIV parte de una constatación que cualquiera que siga el sector reconoce: el poder tecnológico hoy no está en manos de los estados. Está en un puñado de actores privados transnacionales con más recursos que muchos gobiernos y con una velocidad de acción que los reguladores nunca logran igualar. Y hace la pregunta que muchos evitan: ¿quién la controla y hacia qué fines?

Para plantear el dilema de fondo usa dos imágenes bíblicas. La Torre de Babel: tecnología construida sobre el orgullo y la autosuficiencia, que termina en dispersión y deshumanización. Y la reconstrucción de los muros de Jerusalén por Nehemías: trabajo comunitario, responsabilidad compartida, orientado al bien común. Puede sonar a homilía dominical, pero si uno lo traduce al lenguaje de política pública, la distinción es interesante: la diferencia entre un ecosistema tecnológico diseñado para concentrar valor versus uno diseñado para distribuir capacidades y fortalecer lo público.

Un capítulo interesante es el que plantea transhumanismo —esas corrientes que prometen que la tecnología nos liberará de la fragilidad, la vejez y eventualmente de la muerte. León XIV no lo trata como una extravagancia de Silicon Valley. Lo trata como un riesgo filosófico serio, porque parte de una premisa equivocada: que la vulnerabilidad humana es un error que hay que corregir. La respuesta cristiana es la Encarnación: Dios eligió la fragilidad, no la esquivó. No sé cuántos ejecutivos de OpenAI leerán encíclicas, pero la crítica filosófica vale independientemente de quién la firme.

También hay un capítulo sobre la guerra y la IA que es de los más directos que he leído en un documento de esta naturaleza. León XIV dice sin rodeos que los sistemas de armas autónomos, los ataques cibernéticos y las campañas de desinformación algorítmica son formas reales de violencia, que la guerra nunca es inevitable y que los líderes tienen la obligación de dialogar. Sin la habitual diplomacia vaticana que suaviza todo.

Lo que se complementa desde acá

Casualmente, doce días antes del lanzamiento de la encíclica, el 12 de mayo en la Aula Magna de la Universidad Alberto Hurtado, se presentó el libro Mensajes para una IA al servicio de la humanidad — del que tuve el privilegio de ser parte del Comité Editorial. Treinta voces, chilenas y del extranjero, respondiendo las preguntas de fondo sobre IA: las que raramente aparecen en los titulares pero que son las que realmente importan.

Cuando uno lee los dos textos seguidos, la convergencia es llamativa. La tesis central que emerge del libro es que el mayor riesgo hoy no es que las máquinas piensen, sino que nosotros dejemos de hacerlo. Ricardo Baeza-Yates lo dice directo: siempre debemos tener pensamiento crítico, dudar de todo. Yo mismo planteo en mi capítulo que me preocupa que empecemos a perder el juicio crítico frente a lo que dice el computador. Andrés González S.J. lo formula de la manera quizás más provocadora: el peligro es crear máquinas que parezcan humanos y tratar a los humanos como máquinas.

León XIV dice prácticamente lo mismo pero desde la filosofía: ningún sistema de cálculo genera un corazón que se entrega ni una conciencia capaz de discernir el bien.

Fernando de la Torre, en el primer capítulo del libro, dice sin rodeos que el 1% que concentra el poder tecnológico es el mayor peligro para la humanidad. La encíclica hace la misma lectura. Que una encíclica papal y un investigador de Carnegie Mellon coincidan en el mismo diagnóstico no es menor. Cuando voces tan distintas dicen lo mismo, conviene prestar atención.

El libro también aborda usos concretos, por ejemplo: María Paz Hermosilla hablando de transparencia algorítmica en políticas públicas, Carlos Aspillaga mostrando IA al servicio de comunidades indígenas, Daniela Mennickent describiendo cómo la IA podría detectar endometriosis sin cirugía.

Lo que la encíclica no se atrevió a decir

Dicho todo lo anterior, una lectura honesta obliga a señalar lo que falta.

Magnifica Humanitas tiene 110 páginas. Cuando uno llega al final esperando encontrar qué hacer con todo esto, el documento se diluye en generalidades: Desarmar las palabras. Construir la paz en la justicia. Relanzar el diálogo. Invertir en educación. Cuidar las relaciones. Nadie va a estar en contra de ninguna de esas cosas. El problema es que tampoco sirven como programa de acción, y si bien las encíclicas no tienen por objetivo ser un plan de acción, quizás identificando ciertos criterios generales para su desarrollo hubieran sido útiles..

No hay una posición sobre regulación de sistemas de IA de alto riesgo. No hay opinión sobre si los modelos fundacionales deberían ser bienes públicos o pueden seguir siendo propiedad privada de cuatro empresas. Nada sobre estándares mínimos de transparencia algorítmica. Nada sobre qué hacer con los trabajadores desplazados más allá de «valorar la dignidad del trabajo». La Rerum Novarum de 1891, que el propio León XIV invoca como inspiración, tuvo la misma limitación — y la historia la juzgó con justicia. Lo que cambió las condiciones del trabajo no fueron los principios pontificios, sino la organización sindical, la presión política y legislación concreta.

La segunda crítica es más de fondo. Cuando la encíclica habla de «actores privados transnacionales» que concentran el poder tecnológico, está hablando en la práctica de Google, Meta, Microsoft, OpenAI, Apple, Amazon. El documento lo sabe, pero nunca lo dice. Prefiere la abstracción al nombre propio. Y eso tiene una consecuencia analítica seria: el texto lee la revolución de la IA casi exclusivamente desde la lógica de Silicon Valley. Hay una sola mención tangencial a China.

La encíclica habla mucho de dignidad humana universal, pero su mirada sobre el poder tecnológico tiene un fiurete sesgo a lo que ocurre en Silicon Valley. El problema de la concentración no es solo que cuatro empresas tengan demasiado poder: es que esas cuatro empresas están en un solo país, operan bajo una sola lógica de mercado, y sus decisiones de diseño incorporan los valores y los prejuicios de un contexto cultural muy específico que se exporta al resto del mundo como si fuera neutro. Eso no es un detalle. Es el corazón del problema de gobernanza global de la IA, y la encíclica lo roza sin profundizarlo.

¿Qué le dice Magnifica Humanitas a un municipio rural chileno sin presupuesto TI ni profesionales capacitados? ¿O a un país cuya economía digital está mediada casi completamente por plataformas diseñadas en otro hemisferio?

Por qué igual vale la pena leerlo

Dicho todo eso, León XIV está haciendo una pregunta que los gobiernos de la región evitan sistemáticamente. No ¿cómo digitalizamos más rápido? sino ¿digitalizamos para qué y para quién?

Esa pregunta incomoda a los ministerios de tecnología, a los organismos multilaterales y a los consultores que viven de vender la transformación digital como fin en sí misma. Que la haga un documento con la audiencia global que tiene el Vaticano tiene valor, aunque la respuesta sea incompleta.

El problema es que las preguntas correctas sin respuestas concretas pueden convertirse, con el tiempo, en cobertura moral para la inacción. Y en eso, la Iglesia tiene una historia larga.

Mientras tanto, los treinta del libro de Mensaje siguen intentando responder desde acá, con nombres propios y casos concretos. Que ambos esfuerzos coexistan en el mismo mes de mayo no es casualidad. Es señal de que la pregunta ya no puede ignorarse.

Magnifica Humanitas está disponible aquí. Mensajes para una IA al servicio de la humanidad disponible aquí.

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Tres años de datos apuntan en la misma dirección: el Estado chileno no finalizará en el plazo establecido. No porque la ley esté mal diseñada, sino porque la brecha de capacidad entre ministerios y municipios pequeños es estructural y no se resuelve con plataformas. Veamos dónde estamos y qué podemos esperar.

En abril de 2023 publiqué una columna en el Diario Financiero titulada ¿Está preparado el sector público? cuya respuesta implícita era, claramente, no. En esa ocasión señalé que veía pocas posibilidades de que lleguemos a puerto con los exigentes plazos establecidos, y apuntaba a dos razones estructurales: escasez de recursos presupuestarios y un proceso normativo técnico incompleto.

Han pasado casi tres años. El diagnóstico no solo sigue vigente: se ha profundizado. Por eso decidí construir un tablero (dashboard) con la ayuda de los datos públicos de la Secretaría de Gobierno Digital, la ley y otros estudios, realizando algunas predicciones, al final de esta nota les dejo el dashboard, que muestra donde estamos hoy y qué podemos esperar para diciembre de 2027.

Una preocupación que lleva años acumulándose

El primer llamado de atención lo hice en 2023, cuando aún había tiempo de reaccionar. El modelo escalonado de la ley establecía que el Grupo A —gobierno central, ministerios, servicios públicos, Contraloría, FF.AA., delegaciones presidenciales— debía tener todos sus trámites digitalizados (una de las metas definidas en la ley) en diciembre de 2024. El resto, en 2025. La implementación completa de la ley, para el Grupo A en 2026 y el resto en 2027.

A mediados de 2024, los indicadores de la Secretaría de Gobierno Digital mostraron algo que, para quienes seguíamos el tema, no fue sorpresa pero sí fue brutal: casi el 90% de los servicios públicos declaraba no tener un plan de transformación digital. El 54% no reportaba a su autoridad. Cuatro años después del inicio de la implementación, 9 de cada 10 servicios públicos sin un plan.

Un directivo público presente en la presentación de esos datos me retrucó en ese momento diciendo que muchos servicios estaban trabajando en el tema aunque sin un plan formal. Mi respuesta fue que cuando hablo de plan, no me refería al documento Plan de Transformación Digital del Servicio XX, sino a los elementos esenciales: objetivos, alcances, actividades, recursos, equipos, resultados esperados, riesgos. Si eso no existe, el riesgo de fracaso aumenta dramáticamente.

El IMTD: los números que más me preocupan

En noviembre de 2024 se publicó el Índice de Madurez en Transformación Digital (IMTD) elaborado por la Facultad de Economía de la Universidad de Chile. El índice mide cuatro dimensiones —estrategia, procesos, personas y tecnologías— en 96 organizaciones públicas (71 municipios y 25 servicios públicos).

El resultado: el 72% de las instituciones evaluadas se encuentra en niveles iniciales del modelo. Las conclusiones por área son consistentes con lo que hemos venido observando:

• Estrategia: la mayoría de las instituciones está en niveles iniciales en la definición de estrategias digitales.
• Personas: barreras en incorporación de talento y cultura digital. Poca comprensión entre los funcionarios sobre su rol en el proceso.
• Procesos: importante brecha de madurez. Han identificado procesos clave para digitalizar, pero carecen de presupuesto y herramientas para implementarlos.
• Tecnologías: dimensión débil, con la mayoría en niveles iniciales en gobernanza de datos y analítica.

En todo caso hay que tomar este indicador con cautela — ya que solo midió 96 organizaciones sobre un universo de 671, pero incluso así los resultados son una luz de alerta.

Las métricas de la SGD: más preguntas que respuestas

En septiembre de 2025 revisé en detalle el tablero de control de la Secretaría de Gobierno Digital. En dicho análisis encontré varias cosas que me llamaron la atención.,

• Clave Única: el Servicio de Impuestos Internos desaparece de las métricas a partir de julio de 2025, sin explicación.
• FirmaGob: la cantidad de instituciones habilitadas crece a buen ritmo, pero las transacciones no siguen ese ritmo, lo que sugiere una confusión entre adopción y uso.
• Gestor Documental y Notificador: aparecen con cero adopción, en plataformas críticas para el cumplimiento de las fases más avanzadas de la ley, a solo 15 meses del plazo para el Grupo A.

La pregunta que dejé abierta en ese post sigue sin respuesta formal:

¿Cumpliremos los plazos establecidos?

El veredicto del dashboard

Para este post construí un análisis predictivo sistemático basado en los datos públicos disponibles al 2024–2025 y en el marco normativo vigente (Ley 21.180, DFL N°1, Ley 21.464). La metodología es simple: tomé el avance actual de cada tipo de organismo, lo proyecté al ritmo observado entre 2022 y 2024, y lo comparé con lo que se requiere para cumplir la ley en los plazos establecidos.

El resultado, que puede verse en detalle en el dashboard interactivo que acompaña este post, es el siguiente:

• ~220 instituciones (33%) cumplirán: ministerios y subsecretarías, servicios grandes como el SII, Registro Civil, Fonasa e INP, Contraloría, FF.AA. y delegaciones presidenciales. Todos con avance entre 80% y 90%, recursos dedicados y sistemas consolidados.
• ~180 instituciones (27%) están en riesgo: gobiernos regionales —solo 9 de 16 tienen ClaveÚnica habilitada—, municipios medianos, hospitales y servicios de salud regionales. Pueden cumplir si reciben apoyo urgente.
• ~271 instituciones (40%) no cumplirán: municipios pequeños rurales, corporaciones municipales de salud y educación, servicios sin presupuesto TI. Avance actual entre 10% y 15%. Matemáticamente inviable llegar al 100% para 2027 sin triplicar la velocidad de implementación sin recursos adicionales.

Lo que más me preocupa del Grupo C no es el dato en sí, sino su causa. 243 municipios —el 70% del universo municipal— no han habilitado aún ClaveÚnica. Sin ClaveÚnica activa es imposible cumplir las fases 2, 3 y 6 de la ley. Este solo indicador predice el incumplimiento masivo del segmento con mayor impacto en los ciudadanos de regiones.

Los tres factores que determinan el veredicto

El análisis confirma lo que he venido planteando desde 2023. Los tres factores determinantes son:

• Presupuesto TI: Ya en 2022 advertí que los recursos disponibles eran insuficientes para el tamaño del desafío. Ese diagnóstico sigue sin haberse revertido con asignaciones presupuestarias estructurales: los municipios pequeños no tienen línea presupuestaria para TI y la DGD provee apoyo técnico pero no financia los desarrollos internos.

• Capital humano: Sin profesionales TI capacitados no hay implementación posible, por más plataformas que provea la División de Gobierno Digital. El IMTD 2024 confirma que esta es una de las brechas más críticas, especialmente en municipios.

• Infraestructura digital base: municipios y servicios pequeños operan con sistemas legados (legacy), hojas de cálculo o directamente en papel. Migrar a SIMPLE, FirmaGob y el nodo de interoperabilidad requiere tiempo y recursos que hoy no tienen.

La ley sin sanciones y el riesgo de la prórroga

Un elemento que el dashboard también pone sobre la mesa: la Ley 21.180 no contempla sanciones directas por incumplimiento. No hay multas, no hay consecuencias penales. El impacto es reputacional y de eficiencia interna, lo que naturalmente reduce la urgencia percibida en instituciones con menor visibilidad pública o presión ciudadana.

Y aquí aparece el riesgo político más delicado: si el incumplimiento es masivo —y todo indica que lo será en el Grupo C—, lo más probable es que se extienda nuevamente el plazo. Ya ocurrió antes, que se modificaron los plazos. Una segunda prórroga no solo debilitaría la credibilidad de la política; confirmaría que los plazos de este proceso son más una aspiración que un compromiso exigible.

No digo que la prórroga sea necesariamente mala decisión si va acompañada de recursos reales y un plan serio. Lo que sería problemático es que se extienda el plazo sin resolver los problemas de fondo que hacen imposible el cumplimiento.

El Notificador y la CasillaÚnica: la variable que el dashboard no captura del todo

Hay un elemento nuevo que merece atención especial, porque cambia el perfil de riesgo de algunos grupos y porque es la pieza del rompecabezas que hasta hace muy poco simplemente no existía: las notificaciones electrónicas.

Cuando revisé el tablero de la SGD en septiembre de 2025, el Notificador aparecía con cero adopción en todas las instituciones. A diciembre de 2025, el balance era de cuatro instituciones activas: la Municipalidad de Renca, el Hospital Eloísa Díaz, la PDI y, en hito más relevante por su alcance, el IPS. Cuatro instituciones de 671. Eso es el 0,6% del universo obligado.

Ya lo vimos con FirmaGob, instituciones habilitadas y transacciones que no crecen al mismo ritmo. Con el Notificador el desafío es mayor porque hay dos adopciones simultáneas requeridas, la institución que integra el sistema para enviar, y el ciudadano que activa su DDU para recibir. Si alguno de los dos no ocurre, la fase no se cumple.

Los plazos para esta fase son concretos, el Grupo A debe cumplir en diciembre de 2026, es decir, en menos de nueve meses desde hoy. El Grupo B y C, en diciembre de 2027. Esto tiene dos implicancias directas en el veredicto:

• Grupo A: es la fase con mayor rezago dentro del grupo que en general va bien. Ministerios con 90% de avance global pueden tener incumplimiento parcial específicamente en notificaciones si no escalan en los próximos meses a una velocidad que hasta ahora no han demostrado. El dashboard los clasifica como «cumplirán», pero esta fase específica los pone en zona de riesgo para el plazo de 2026.
• Grupo C: la situación es estructuralmente inviable. Las notificaciones dependen de ClaveÚnica activa —que el 70% de los municipios no tiene habilitada— y además requieren integración técnica con el Notificador que prácticamente ninguno ha iniciado.

Hay un argumento económico poderoso para la adopción, solo en los municipios de la Región Metropolitana se estiman gastos del orden de veinte millones de dólares anuales en cartas certificadas para procedimientos administrativos. Eliminar ese costo es un incentivo concreto. Pero los incentivos no resuelven la capacidad técnica ni el presupuesto de implementación, que son exactamente las restricciones que tienen los municipios pequeños.

Esta variable es la que el dashboard refleja de manera menos precisa, porque los datos de adopción del Notificador son muy recientes y escasos. Lo digo explícitamente: si en los próximos seis meses la curva de adopción del Notificador no cambia radicalmente para el Grupo A, el veredicto de ese grupo debería revisarse a la baja. Es el indicador a monitorear con más atención en lo que queda de 2026.

Tablero de Cumplimiento de la Ley 21.180 (Transformación Digital)

En caso que por razones de seguridad su organización bloquea el despliegue de iframe, adjunto una imagen del contenido del Dashboard, descargable desde aquí.

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Múltiples desafíos (ambientales, urbanos y de convivencia entre otros) frente al desarrollo y construcción de nuevos datacenter.

En las últimas semanas me ha tocado conversar con distintos medios sobre un tema que, hasta hace poco, parecía reservado a especialistas: el impacto de los datacenters. En un par de entrevistas apareció con fuerza una inquietud que ya se discute en varios países: el costo ambiental de esta infraestructura, especialmente por su consumo de energía y agua.

¿Qué está pasando afuera?

Hace poco vi el documental “Exposing The Dark Side of America’s AI Data Center Explosion”, de Business Insider. Más allá del tono provocador del título, el reportaje plantea cuestiones difíciles de ignorar:

• Una expansión acelerada y poco visible. En Estados Unidos se han construido o aprobado más de mil grandes centros de datos, a un ritmo de más de dos por semana. Lo llamativo es que no existe un registro público completo que permita dimensionar con precisión su número ni su consumo.
• Una demanda intensiva de recursos. Estas instalaciones requieren enormes cantidades de electricidad para operar y enfriar sus servidores. Lo que ha llevado al incremento en los costos de la energía en EEUU el incremento del costo de la energía eléctrica subió un 6% en 2025. En algunos casos, el consumo de agua alcanza millones de litros diarios, incluso en zonas con estrés hídrico.
• Efectos locales concretos. Comunidades cercanas reportan ruido constante y cambios en su entorno.
• Transparencia limitada. Las grandes tecnológicas suelen operar mediante estructuras corporativas complejas y acuerdos privados que dificultan conocer cuánta energía o agua utilizan realmente.

El documental sugiere algo relevante: la “explosión” de los datacenters puede no ser tan visible en las estadísticas oficiales o en el debate político, pero sí está transformando territorios, economías locales y prioridades ambientales.

La IA eleva la vara

Diversos estudios coinciden en que el procesamiento asociado a inteligencia artificial es significativamente más demandante que el procesamiento tradicional, muy ilustrador es el estudio
Hanwha Data Centers energy consomption kilowatts report, ¿Por qué?

• Mayor densidad energética. Los racks equipados con GPU —clave para cargas de IA— pueden consumir entre 5 y 10 veces más energía por metro cuadrado que configuraciones convencionales.
• Operación continua. El entrenamiento de modelos, en particular los de IA generativa, exige procesos intensivos y prolongados, muchas veces 24/7, lo que incrementa tanto el consumo eléctrico como las necesidades de enfriamiento.

No es solo “más cómputo”; es una infraestructura distinta, con perfiles de consumo radicalmente mayores.

¿Y en Chile?

Es positivo que el tema ya esté entrando en la agenda pública. Iniciativas como el Plan Nacional de Datacenters van en la dirección correcta y merecen reconocimiento. Pero el cambio tecnológico y el dinamismo del sector plantean desafíos inevitables:

• Evaluar mejor los impactos, especialmente en consumo energético e hídrico, con foco en zonas que ya enfrentan escasez de agua.
• Definir estándares operacionales más precisos, que incorporen eficiencia, resiliencia y sostenibilidad.
• Elevar las exigencias de transparencia, particularmente en variables sensibles como energía y uso de agua.

Chile necesita desarrollar esta industria. Puede ser una oportunidad estratégica en la economía digital. Pero hacerlo bien implica algo más que atraer inversión: requiere reglas claras, información pública confiable y una mirada de largo plazo.

Porque, al final, la pregunta no es si tendremos más datacenters, sino:

¿cómo aseguramos que su crecimiento no comprometa nuestro futuro ambiental y energético.

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En un mundo donde cualquier imagen puede ser falsa, la confianza se vuelve un recurso escaso. La CAI apunta en la dirección correcta.

En la actualidad en la web circulan millones de imágenes, vídeos y documentos cuya procedencia resulta difícil de verificar. La irrupción de herramientas avanzadas de edición, sumado a la generación de contenido mediante IA, ha llevado a un escenario en el que distinguir lo real de lo “fake” se ha convertido en un un gran desafío desafío, incluso para los expertos. Esto afecta a las personas, medios de comunicación, instituciones públicas, organizaciones sociales y empresas. 

La credibilidad en torno a cualquier pieza digital —una fotografía de prensa, un video institucional, un documento oficial— nunca ha estado tan cuestionada como hoy.  En este contexto se está desarrollando una interesante iniciativa, esto es, la Content Authenticity Initiative (CAI), una propuesta colaborativa impulsada inicialmente por la empresa Adobe y hoy sostenida por un ecosistema amplio de empresas tecnológicas, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil. 

Con un objetivo ambicioso, restablecer la confianza digital mediante la creación de un estándar abierto que permita conocer el origen, la edición y el historial de un contenido. 

Si las personas pudieran saber de forma clara quién creó un contenido, cuándo, con qué herramienta, y qué modificaciones ha sufrido, la credibilidad del entorno digital aumentaría de manera significativa.

La CAI se articula en torno a la especificación técnica C2PA,  un estándar abierto que define cómo incorporar un conjunto de metadatos verificables, es un esquema de credenciales de los contenidos digitales (procedencia, edición, uso de inteligencia artificial, etc).  La información queda asociada al archivo mediante mecanismos criptográficos que permiten asegurar su integridad. Si alguien manipula el contenido sin seguir los pasos que permiten registrar cambios, la credencial lo reflejará.

Lo interesante de esta iniciativa es que apunta a un problema sistémico y no a una simple solución técnica. Las metadatos de procedencia no solo protegen a los creadores, sino que refuerzan la confianza en los usuarios, quienes pueden interpretar mejor el contexto y valorar la fiabilidad del contenido. Del mismo modo, organizaciones públicas y privadas pueden transparentar sus procesos, acreditando la autenticidad de material oficial, campañas institucionales o registros visuales sensibles.

En un mundo donde la desinformación se ha convertido en un vector de riesgo reputacional, político y social, esta herramienta puede aportar una capa adicional de seguridad y legitimidad.

Sin embargo, la CAI enfrenta varios desafíos importantes en su camino hacia la masificación. 

• Adopción: el primero y probablemente el más relevante, es la adopción. Ningún estándar prospera si solo es utilizado por un grupo reducido de actores. Para que los Content Credentials se conviertan en un componente cotidiano del ecosistema digital, deben integrarse tanto en las herramientas de creación —como cámaras, teléfonos, editores y plataformas de IA— como en los lugares donde se publica y distribuye contenido: redes sociales, medios de comunicación, repositorios, galerías y sistemas de archivos. Si bien, la iniciativa cuenta con el apoyo de organizaciones importantes, aún está lejos de ser un estándar universal.

• Confianza: aunque los mecanismos criptográficos aportan seguridad, la veracidad de la información registrada depende del comportamiento de quienes generan y firman esas credenciales. Que un archivo tenga una etiqueta de procedencia no garantiza por sí mismo que lo que se muestra sea éticamente legítimo o que represente los hechos de manera fiel. Esto requiere una cadena de confianza robusta, modelos de gobernanza transparentes y actores que respondan por el uso adecuado de sus identidades digitales.

• Difusión y uso: la capacitación de los usuarios es otro obstáculo considerable. Para que este mecanismo tenga impacto real, las personas deben comprender qué significan las credenciales, cómo se visualizan y qué información aportan. De lo contrario, podrían transformarse en un elemento decorativo o, peor aún, generar una sensación de falsa seguridad. Del mismo modo, la industria tendrá que desarrollar interfaces claras y consistentes para que la procedencia sea visible sin dificultar la experiencia del usuario.

• Autenticidad versus Privacidad: hay que  enfrentar tensiones entre autenticidad y privacidad. Registrar el contexto de creación y edición de un contenido puede revelar información sensible sobre personas, procesos o instituciones. Será crucial definir cómo equilibrar transparencia con protección de datos, especialmente en ámbitos que manejan información crítica o sujetos vulnerables.

• Obsolescencia tecnológica: la evolución tecnológica añade una última capa de complejidad. A medida que las herramientas de manipulación digital avanzan, también lo harán las formas de evadir, falsificar o romper los mecanismos de autenticidad. La CAI deberá adaptarse con rapidez, actualizar sus especificaciones y mantener una comunidad técnica activa para enfrentar nuevas amenazas.

A pesar de estos desafíos, el potencial de la CAI para fortalecer la confianza digital es significativo. En el ámbito público chileno, por ejemplo, podría convertirse en una pieza valiosa para asegurar la autenticidad de campañas gubernamentales, documentos oficiales, evidencia audiovisual o materiales utilizados en procesos institucionales. La transparencia es un activo crítico en la gestión pública, y dotar a los contenidos de una certificación verificable puede contribuir a enfrentar la desinformación, fortalecer la rendición de cuentas y mejorar la interacción con la ciudadanía.

La Content Authenticity Initiative no resolverá por sí sola la crisis de confianza digital, pero constituye un paso importante hacia un ecosistema más transparente. Al ofrecer una forma clara y verificable de conocer el origen y la manipulación del contenido, abre la puerta a nuevas prácticas de integridad informacional. Su éxito dependerá de la adopción, de la alfabetización digital y de la capacidad de gobernar un estándar que debe ser, ante todo, confiable y universal. 

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