Modernizar el Estado, interesantes propuestas, pero con algunas falencias en su desarrollo
El reciente documento Modernizar el Estado: Una agenda prioritaria de corto plazo, publicado por el CEP, el Centro de Políticas Públicas UC y la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), merece un reconocimiento que no siempre se hace explícito en estos análisis: es un ejercicio serio, transversal y con vocación práctica. Lograr que academia, centros de pensamiento y empresariado organizado coincidan no solo en un diagnóstico sino en 15 propuestas concretas con vías de implementación identificadas no es poca cosa en el actual escenario de polarización.
Pero precisamente porque es un trabajo serio, merece también una lectura exigente. Y esa lectura revela algunas fisuras que, si no se corrigen en la fase de implementación, van a convertir varias de sus propuestas en papel mojado. Comparto aquí los puntos que, a mi juicio, requieren mayor análisis.
El diagnóstico digital tiene errores conceptuales
La propuesta 10 es la más ambiciosa del documento y también la más deficiente en rigor técnico. El texto afirma que ClaveÚnica «es susceptible a phishing masivo» por depender de RUT y contraseña estática. El diagnóstico es impreciso: el phishing no es una debilidad del modelo de autenticación centralizado (SSO) en sí mismo, sino de cualquier sistema basado en credenciales que el usuario ingresa en un formulario, incluyendo las billeteras digitales con credenciales verificables que el propio documento propone como solución. La susceptibilidad al phishing se elimina con mecanismos como FIDO2 o passkeys, no cambiando la arquitectura de identidad.
El documento también afirma que ClaveÚnica, al funcionar como un Single Sign-On, «no corresponde a una identidad digital». Este juicio tiene un error ya que confunde la capa de autenticación con la capa de identidad. Lo que ClaveÚnica efectivamente no tiene es un modelo de atributos verificables y portables, eso es correcto, pero SSO no es una categoría excluyente de identidad digital. Para más información sobre identidad digital ver estudio La gestión de la identidad y su impacto en la economía digital (Pareja, Barros et al. 2017) del BID.
En definitiva, el documento mezcla tres problemas distintos, mecanismo de autenticación débil, ausencia de atributos verificables y privacidad comprometida por la traza centralizada de uso, como si tuvieran la misma causa y la misma solución. No es así. Esa imprecisión conceptual debilita una propuesta cuya dirección general apunta en el lugar correcto.
Por otra parte la propuesta no aborda un problema central, el soporte tecnológico de ClaveÚnica, en términos de recursos no da cuenta de su relevancia, siendo este un servicio que es de misión crítica (cientos de millones de transacciones), seguimos sin entender su criticidad.
“ Una agenda de transformación digital para 2026 que no menciona inteligencia artificial ni ciberseguridad no está mirando el presente: está mirando el pasado.
A esto se suma una omisión difícil de justificar: en una agenda de transformación digital para 2026, no hay una sola línea sobre inteligencia artificial en el Estado ni sobre ciberseguridad. Varios servicios públicos chilenos sufrieron incidentes de seguridad relevantes durante el último año. Una agenda digital sin ese eje tiene un flanco abierto de proporciones.
Los plazos están subestimados
Las propuestas 9 y 10 se presentan como «agenda de corto plazo». Sin embargo, el Sistema Nacional de Gestión de Datos, la identidad digital soberana y una plataforma como ChilePagos son infraestructuras que en cualquier contexto comparable han tardado entre cuatro y ocho años en madurar. El modelo X-Road de Estonia, citado implícitamente como referencia, tardó más de una década en consolidarse, y lo hizo sobre una base institucional radicalmente distinta a la chilena, dicho sea de paso a estas alturas no es el mejor modelo para Chile (por varias razones que abordaré en otro post).
“ La agenda digital del Estado no tiene hoja de ruta con hitos intermedios. Sin eso es una aspiración bien fundamentada, no un plan ejecutable.
El documento no ofrece una hoja de ruta con hitos intermedios ni mecanismos de gobernanza para esa transición. Sin eso, la agenda digital queda como una aspiración bien fundamentada, pero no como un plan ejecutable.
La DIPRES: el eslabón más débil del documento
Proponer (Propuesta 7) que la Dirección de Presupuestos encargue un diagnóstico externo de sí misma en seis meses como resultado de «corto plazo» no es una reforma — es, en el mejor caso, un instrumento que puede o no conducir a una reforma. En todo caso me asiste la duda de que de distinto sería esta nueva evaluación dado que han existido en el pasado.
La DIPRES lleva décadas sin realizar ese tipo de análisis exhaustivo y el documento no pregunta por qué. Si no se identifican los incentivos institucionales que han bloqueado el cambio durante tanto tiempo, una consultoría externa sin mandato político vinculante tiene alta probabilidad de terminar archivada.
SADP – Convenios de desempeño: cirugía menor en un problema mayor
El propio documento en su Propuesta 12 revela un dato elocuente: los convenios de desempeño del Sistema de Alta Dirección Pública muestran tasas de cumplimiento de entre el 97% y el 98%. Eso no es un éxito de gestión — es la evidencia de que el instrumento no está funcionando como mecanismo real de evaluación, será que está afectado por la Ley de Goodhart.
“ Con tasas de cumplimiento del 97%, los convenios de desempeño no miden el desempeño: miden la capacidad de negociar metas cómodas.
El problema es estructural: las metas se negocian entre el directivo y su propio ministerio, lo que genera captura sistémica. La propuesta 12 plantea fortalecer a la Dirección Nacional del Servicio Civil para mejorar la formulación de esos convenios. Pero si el problema de fondo es la captura en la negociación, mejorar el proceso de negociación no resuelve mucho. Se necesita un tercero con autonomía técnica suficiente para fijar metas exigentes, y ese tercero no aparece en la propuesta.
Empleo Público- el problema que se evita nombrar
La propuesta 11 identifica con precisión los problemas del régimen de empleo público,contratas anualizadas, planta inamovible, evaluaciones de desempeño que no discriminan. Pero esquiva el más urgente: la existencia de decenas de miles de trabajadores a honorarios que llevan años prestando servicios permanentes sin derechos laborales plenos.
“En un Estado que predica modernización y probidad, mantener a
decenas de miles de trabajadores en precariedad estructural es
una contradicción que ningún documento de reforma debería ignorar.
El documento los menciona en el diagnóstico y los deja sin solución en la propuesta concreta. En un Estado que predica modernización y probidad, mantener a una parte importante de su fuerza laboral en condiciones de precariedad estructural es una contradicción que ningún documento de reforma debería ignorar.
Lo que falta: descentralización, números y rendición de cuentas
El propio documento reconoce que la descentralización es uno de los siete ejes que emerge de la revisión de la literatura especializada, pero lo excluye de las propuestas, sin una justificación adecuada. En 2026, los gobiernos regionales electos llevan cuatro años gestionando recursos crecientes con una institucionalidad todavía en construcción. Una agenda de modernización del Estado que ignora ese nivel de gobierno está modernizando solo la mitad del Estado.
Con la única excepción de la propuesta 15 — subsidios por incapacidad laboral, donde se cita un ahorro fiscal estimado de 182 mil millones de pesos ninguna de las otras 14 propuestas incluye estimaciones de costo de implementación ni de impacto fiscal esperado. Sin esos números, el documento carece de herramientas para competir en la priorización presupuestaria. Un Ministerio de Hacienda en modo de ajuste fiscal va a preguntar cuánto cuesta y cuánto rinde cada reforma. En 14 de sus 15 propuestas, el documento no tiene respuesta, lo cual atenta bastante con la Vitamina-I necesaria en cada propuesta.
Finalmente, el documento cierra señalando que «es importante dar un sustento comunicacional a esta estrategia y construir consensos transversales». Pero no dice cómo. No hay análisis de los actores que van a resistir cada reforma, no hay estrategia de incidencia, no hay mecanismo de seguimiento con rendición de cuentas pública.
Reflexión Final – El diagnóstico no ha sido el problema
Chile tiene diagnósticos excelentes sobre modernización del Estado desde al menos 2002, siendo el más completo Modernización del Estado en Chile (1990-2023). Lo que en muchos casos ha fallado no es la calidad del análisis, es la conversión de propuestas técnicas en compromisos de gestión exigibles con rendición de cuentas pública. Esta agenda corta debería ir acompañada de un mecanismo de seguimiento público trimestral, con indicadores verificables por el Consejo Asesor de Modernización y reportados al Congreso.
Sin ese dispositivo, la probabilidad de que en cuatro años se publique un documento similar con un diagnóstico parecido es, lamentablemente, bastante alta.
“Chile tiene diagnósticos excelentes sobre modernización del Estado desde al menos 2002. Lo que ha fallado históricamente no es el análisis: es la conversión de propuestas técnicas en compromisos exigibles con rendición de cuentas pública.
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