Ley de TD, en una de esas no llegamos
A fines de 2024, todos los servicios públicos (gobierno central) debieran tener todos sus trámites en linea
Desde hace ya un par de años nuestro Estado se ha visto enfrentado a la implementación de la Ley de Transformación Digital (Nº 21.180), la cual establece un calendario extremadamente exigente en materias de transformación y digitalización de sus procesos. Si bien, en 2022 se modificó dicho calendario incorporando una nueva fase –Preparación-, la cual básicamente ampliaba el plazo original en un año, aún persisten dudas de si llegaremos a la meta.
Recordemos las exigencias básicas de dicho marco legal. Aunque hay más exigencias, estas son las que me parecen las más relevantes como imposición para todos los servicios públicos y gobiernos locales (gobernaciones y municipios):
- Todas sus interacciones (trámites) con ciudadanos (personas naturales y jurídicas) sean a través del canal online;
- Que todas esas interacciones utilicen como mecanismo de identificación la plataforma Clave Única y
- Todos los procedimientos administrativos de dichos servicios sean electrónicos.
Para el cumplimiento de la exigencia asociada a trámites digitales pone como fecha tope el 2024, para los servicios del gobierno central, y 2025, para el resto de las instituciones (gobiernos regionales y municipios), así como el cumplimento de todas las exigencias de la ley en 2026, para los servicios del gobierno central, y 2027, para el resto.
En la tabla siguientes se muestra el calendario de implementación para los diferentes grupos de servicios públicos, la fase 3 corresponde a los trámites digitales y la 4 a los expedientes electrónicos.
Como se puede apreciar, ya se nos fue el año 2022, año definido como de preparación, al menos para los servicios públicos del gobierno central (ministerios, subsecretarías, servicios públicos, contraloría, Fuerzas Armadas y de Orden, delegaciones presidenciales regionales y provinciales) ya terminó. Este año (diciembre-2023), esos mismos servicios deben tener todas sus comunicaciones en formato digital (entre los servicios públicos).
Eso significa, que a los servicios del gobierno central les queda básicamente un año y medio para cumplir dicha exigencia asociado a los trámites, lo cual, en términos de este tipo de proyectos, es extremadamente poco tiempo. Si esto, lo comparamos con algunas evaluaciones realizadas, probablemente la más reciente desarrollada por la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile -a través de su Departamento de Control de Gestión y Sistemas de Información-, junto a Symnetics Chile y el Grupo Imagine, denominada Índice de Madurez de Transformación Digital (IMTD).
Esta medición evalúa el avance de las organizaciones públicas en la materia, en la que plantea que el 63% de la muestra analizada se encuentra en las etapas iniciales de ese proceso (desconozco como se realizó su selección y el método empleado para dicha medición), lo cual plantea un escenario complejo desde el punto de vista del nivel de preparación de los servicios públicos.
Otra fuente de análisis, es el estado de avance reportado en el registro nacional de trámites, en el cual, a partir de una evaluación que realizamos con colegas del Centro de Sistemas Públicos, pudimos detectar algunas falencias de los números allí reportados. Pese a esto, este registro demuestra que el estado de avance es bajo, más aún considerando que a la fecha de hoy, la División de Gobierno Digital del Ministerio Secretaría General de la Presidencia desarrolla un repositorio de los procedimientos administrativos del Estado; fuente fundamental de seguimiento de la implementación de la ley, el cual recién está en fase ingreso de información.
A esto, se agregan serias deficiencias en materias presupuestarias y normativas técnicas. En primer lugar, una evidente escasez de recursos para el desarrollo de estas iniciativas por parte de los servicios públicos y, segundo, no haber terminado el proceso de definición normativo desde un punto de vista técnico, muy necesario para que el proceso se sustente en definiciones y diseños estándares.
En este panorama, veo pocas posibilidades de que lleguemos a puerto con los exigentes plazos establecidos.
Artículo original publicado en el Diario Financiero 21/4/2023
Imagen: Foto de John Schnobrich en Unsplash
Preocupa lo que indicas pues un roadmap que claramente no es factible. En lo personal mas me preocupa de que hablemos de una ley de transformación digital cuando lo que se está haciendo es digitalizar los trámites existentes (o procedimientos administrativos), desde la perspectiva de transformación enfocada en el ciudadano no hay mucho.
La OCDE habla de tres niveles en la estrategia digital, el primero (más básico y en obsolescencia) es el enfoque centrado en la institución (digitalización de trámites), el segundo es enfocado en el ciudadano (trámites de impacto en el ciudadano) y el tercero es en enfoque desde el ciudadano (que efectivamente transforma la relación con él). Estamos en el primero y con dificultades de implementación.
Gracias Francisco por el comentario, efectivamente la ley 21.180 tiene más de digitalización que de Transformación Digital en el sentido estricto, y muy lejos de la definición de la OCDE, pero ni siquiera así vamos a cumplir los plazos.
Estimado Alejandro, una pequeña aclaración: la fase de Comunicaciones Oficiales asociada a la Ley de TD no se refiere a comunicaciones con la ciudadanía, sino a comunicaciones oficiales entre órganos de la administración, trabajo que se comenzó desde 2019 en la administración central al alero del Instructivo Presidencial de Transformación Digital.
Muchas gracias por el comentario Sofía y la aclaración, probablemente mi error se debió a que entendía que esa fase contemplaba todo tipo de comunicaciones, por lo que supongo “la tarea de comunicación con la ciudadanía” va a ser parte de la fase de interacciones (fase 3).
Saludos
Alejandro
Alejandro muy buen artículo, para complementar a tu último comentario mencionar que las comunicaciones con la ciudadanía se abordan en la fase 3 relacionada con el ingreso de solicitudes, formularios o documentos de manera electrónica y en la fase 2 relacionada con las notificaciones electrónicas a los ciudadanos.