Finalmente, los que pierden son los ciudadanos!

1311547292741-id_documents_350x250_8249.jpgHasta hace algunos años nos vanagloriábamos del proceso modernizador del Servicio de Registro Civil e Identificación chileno.  Recuerdo con orgullo que en reuniones y conferencias internacionales se mencionaba como caso de éxito junto al Servicios de Impuestos Internos y el Portal de Compras Públicas – Chilecompra.

El problema es que el Registro Civil perdió el rumbo, y en los últimos años sus iniciativas modernizadoras se han visto involucrada en grandes escándalos, partiendo por el proceso de modernización de su backoffice, con una licitación que terminó en los tribunales.  Pero esto no sólo se da en los grandes sistemas, basta con observar el estado de su plataforma web.

Finalmente el servicio se encontraba en un proceso modernizador de su sistema de producción y operación de cédulas de identidad y pasaportes.  Esta iniciativa se viene hablando hace ya tiempo y ha marcado el tono de la discusión en los últimos años, producto de un proceso que por decirlo en forma suave tuvo problemas de diseño y de implementación, es que hoy luego de 4 años, el proceso se inició en febrero de 2008, por un monto estimado de 385 millones de dólares. Lo concreto es que aún los chilenos no contamos con una cédula de identidad acorde con los tiempos y exigencias actuales.

La licitación de cédula ya presentaba problemas de carácter legal en junio de 2009 por problemas administrativos, lo cual en esa fecha se estaba transformando en una cosa habitual, como se pudo ver en otro proceso licitatorio anteriormente mencionado.

En 2010 tuvo que ampliarse el plazo original del proceso hasta el 2011, en la licitación participaron 7 empresas y consorcios nacionales e internacionales, entre ellos, SICE, Sonda, Bundesdruckerei, Morpho, Coasin e Indra.  La mayoría de ellas fue descalificada por problemas administrativos  asociados a fechas de boletas de garantía, siendo adjudicada en primera instancia a Indra, esta decisión se revirtió producto de reclamaciones ante el tribunal de compras públicas de los otros competidores, lo que implicó retrotraer el proceso dejando como nuevos finalistas a Morpho y Sonda, siendo este último descalificado por falta de experiencia según describe su gerente general en carta al diario – Carta Raúl Vejar (Gerente General Sonda).  Hay que recordar que el operador actual de esta plataforma es la empresa Sonda.  En este momento el referido proceso fue tomado de razón por la Contraloría General de la República, no sin polémica por parte de varios de los oferentes.  Las actuales autoridades del registro (en esta licitación han participado al menos 3 directores del servicio) están muy confiadas de que el proyecto finalmente logrará iniciarse, como lo declaró en una carta al diario uno de sus subdirectores en días pasados.

Más allá de los problemas legales y administrativos de este proceso, sobre los cuales mi opinión vale poco, si me gustaría opinar respecto del resultado final, el cual tiene impactos y costos bastante significativos en varias áreas.

  • Desprestigio internacional de nuestro país respecto de la seriedad y transparencia de procesos de contratación pública de alta complejidad.  Lo cual conlleva a que cada vez que queramos convocar a los mejores oferentes a nivel mundial lo pensarán dos veces antes de aceptar.
  • Costos para los participantes, según me lo confidenció uno de los participantes, el costos de presentarse  y preparar una oferta competitiva para una licitación de estas características se encuentra entre 1.5 y 2.0 millones de dólares, lo que implica un costo industria de entre 10.5 y 14 millones de dólares.
  • Costos para el fisco, un proceso de estas características requiere de una fuerte organización de apoyo (bases, preguntas y respuestas, pruebas, evaluación, etc.), con equipos de trabajo dedicados, incluyendo apoyo de expertos y especialistas externos, en este caso se trató de las principales universidades del país.
  • Costos de modernización, un servicio como el registro civil, cuyo producto/servicio probablemente sea uno de los más relevante, me refiero a la cédula de identidad y los pasaportes se mantiene con un proceso y tecnología obsoletos, recordemos que la tecnología actual data de comienzos de los 2.000, sin mencionar que la identificación electrónica que permiten tecnologías más modernas está en la base del desarrollo del gobierno electrónico según la OCDE.
  • Costo para el ciudadano, el costo e impacto que un servicio como el actual le genera al ciudadano, retrasando el desarrollo de interacciones electrónicas más robustas entre el estado y sus ciudadanos.

Finalmente la suma de todo esto es una gran pérdida para todos.  Es de esperar que enmendemos el rumbo y logremos luego de varios años y muchos millones de dólares contar con una cédula y pasaporte que cumplan con estándares operacionales y tecnológicos acorde con los tiempos!

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Un comentario

  1. Leí con atención tu comentario y la lista de costos para el estado, la sociedad y las empresas es aún mayor y más variado.

    Los procesos turbulentos y la pérdida de imágen encarece automáticamente las futuras propuestas al estado multiplicando vartias veces el costo de este único evento fallido.

    EL costo oportunidad, de compromisos no honrados, expectativas no cumplidas y del atraso tecnológico afectan no solo a personas por cédulas y pasaportes, están involucrados no menos de 30 registros (población carcelaria, antecedentes, materiales peligrosos, empresas, vehiculares, etc.) afectando la capacidad de control y regulación del estado y perjudicando también la competitividad del país.

    No es que quería corregirte, sino abundar sobre lo que bien has descripto.

    Saludos,

    Maurice

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